En el día de ayer se conocía la decisión del TSJ de estimar el recurso presentado por la Demarcación de Costas del Estado que se oponía a la instalación de invernaderos en la costa mazarronera por parte de Perichan. La sentencia da la razón a ANSE, que pidió a la Comunidad Autónoma que revocara la autorización. Ahora, la Asociación pide la restauración del litoral destruido
Desde el año 2011, ANSE viene denunciando las posibles irregularidades en torno a unas roturaciones para invernaderos realizadas por la empresa agrícola Perichan en la costa de Mazarrón. Ya en el mes de julio de 2011, la Asociación pidió explicaciones a la DG de Medio Ambiente por la autorización de unas roturaciones que afectaron a numerosas especies protegidas en la costa de Mazarrón, así como la dominio público y a la servidumbre de protección.
A raíz de las denuncias de ANSE, se pusieron en marcha diferentes investigaciones. Por un lado, la demarcación de Costas en la Región de Murcia inició un trámite sancionador por la afección al Dominio Público Marítimo Terrestre. Por su parte, la Fiscalía inició unas diligencias por posible delito contra las especies protegidas que acabaron en el juzgado de Totana. Las averiguaciones realizadas entonces por ANSE pusieron de manifiesto que las roturaciones carecían de autorización por parte de la Dirección General de Puertos y Costas de la Comunidad Autónoma para afectar a la servidumbre de protección.
La situación de irregularidad de las obras obligó a la directora General del Medio Natural a aclarar el alcance de la autorización y solicitó a la DG de Puertos y Costas que se procediera a la restauración de los 100-150 primeros metros de playa. A pesar de todas esas irregularidades y de la existencia de un informe contrario de la Demarcación de Costas, la Comunidad Autónoma, siendo Director General José María Bernabé, hizo oídos sordos y resolvió autorizar los trabajos de movimientos de tierras e instalación de invernaderos afectando a la servidumbre de protección del DPMT. Entonces, ANSE denunció que la CARM favorecía los intereses de Perichan SL e interpuso un recurso de alzada que no obtuvo respuesta de la Comunidad Autónoma. Así mientras la demarcación de Costas sancionaba las obras, la Comunidad Autónoma favorecía su avance, lo que llevó a la Administración Central a interponer un recurso de alzada que ha sido estimado ahora por el TSJ.
En definitiva, la Asociación considera que la sentencia viene a dar la razón a la Administración Central y a la asociación que siempre defendieron la legalidad, dejando en evidencia que la Comunidad Autónoma maniobró para favorecer los intereses de privados de Perichan en detrimento de la protección de la costa y el medio ambiente. Por todo lo anterior, ANSE considera que debe procederse a la inmediata restitución del litoral afectado por las roturaciones y movimientos de tierras, debiendo investigarse si hubo responsabilidad penal por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma que autorizaron las obras.
